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En medicinas, lo barato sale caro

By Luis C. Schmidt
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El mundo del Abogado, Año 6 Núm. 55, Noviembre 2003

 ¿Qué tanto ha habido detrás de los desplegados y marchas que pretendían reformar el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial? ¿Es cierto que el afán de vender medicinas baratas era sólo para beneficiar a México? En esta entrevista, Luis Schmidt, experto en la materia y defensor de los derechos de propiedad intelectual, nos revela los entretelones de este movimiento que generó tanta controversia y publicidad, cuestiones que generalmente vienen de la mano cuando la política y los negocios se tocan tan cerca

Usted vivió de cerca la polémica sobre la modificación a la Ley de Propiedad Industrial, ¿por qué se pretendía modificar el artículo 77 de esta ley?
Luis Schmidt: El problema se desarrolló, principalmente, en el momento en que una serie de políticos oportunistas y un grupo de fabricante de medicinas genéricas muy ambicioso unieron fuerzas para presionar al Congreso de la República con el fin de conseguir la autorización necesaria para producir medicamentos a muy bajos costos.
¿Desde entonces se trató de modificar el referido artículo?
No. Primero se propusieron reducir el tiempo estipulado por ley, de veinte a diez años, para la protección de patentes. Al perder la pelea, redireccionaron su estrategia para atacar la figura de la Licencia de Utilidad Pública. Sin embargo, no existe un argumento técnico, o no lo encontraron, que explique los cambios de dicha licencia, aún pensando en el propósito que estos grupos pregonan: abaratar los productos farmacéuticos patentados. Pero eso no es viable, porque lo único que producirían es un hueco en el sistema de patentes, de efectos devastadores.
En los últimos meses el tema ha ocupado mucho espacio en los medios de comunicación. Se han lanzado varias campañas publicitarias. En una de ellas vimos a Rigoberta Menchú abogando por las medicinas baratas ¿qué opina al respecto?
El principal argumento de estas personas es que los medicamentos patentados son muy costosos y que ellos los pueden abaratar para beneficio del país. Esto no es así. Lo que realmente buscan es obtener grandes utilidades a costa de la propiedad privada. Para ello se están valiendo de cualquier tipo de arreglos: económicos, políticos y mercadológicos basados en un discurso que raya en la demagogia.
El tema se presta al oportunismo y la especulación. Su intención es sorprender al pueblo y, con ello, a sus gobernantes. Si les interesara la reducción de precios de los productos farmacéuticos, como medida humanitaria, no lo habrán hecho modificando la Licencia de Utilidad o apelando a la reducción del plazo de las patentes. Cualesquiera de estos dos supuestos les representa un beneficio directo y por ello el interés. Beneficiar al pueblo es sólo secundario, por lo que, desde mi punto de vista, la labor altruista queda en duda.
Una vez desechada la idea de reducir la protección de las patentes se recurrió a la modificación del artículo 77 de la LPI, en sí ¿qué se está proponiendo?
Es simple. Se considera a las enfermedades graves como una categoría nueva distinta a la de emergencia y de seguridad nacional, que son las que contemplan los tratados y las leyes internacionales tradicionalmente consideradas como únicas posibilidades para la concesión de una Licencia de Utilidad Pública. Así, en dos casos específicos, el del Sida y el Cáncer, servían de pretexto para introducir este nuevo concepto de enfermedad grave en el artículo referido valiéndose de la novedad.
¿Por qué no se pueden considerar las enfermedades graves dentro del esquema de Licencias de Utilidad?
En principio, porque no cumplen con las especificaciones de los tratados que hemos firmado. No se adaptan a las leyes que hasta el momento contamos: uno, que sea una situación de urgencia; dos, que haya una temporalidad; y tres, que cualquier licencia de utilidad conferida se abstraiga de la situación comercial. Sin embargo, todas las causas, incluso las enfermedades graves, pueden ser objeto de Licencia de Utilidad conforme a lo que dispone la ley, siempre y cuando satisfagan las condiciones de emergencia o seguridad nacional.
Un buen ejemplo es lo que sucedió en China con la neumonía atípica. No tengo noticia si en ese caso el gobierno de ese país recurrió a Licencias de Utilidad. Lo que sí puedo asegurar es que si la enfermedad hubiera traspasado nuestras fronteras y puesto en riesgo a la población, dado las características de emergencia y seguridad nacional que dicha afección revistió, podrían haberse conferido Licencias de Utilidad.
Quizá lo que mas salta a la vista es que una condición sinequanón para activar la licencia es la temporalidad y ninguna de esas dos enfermedades se aliviarán en un corto plazo.
Además de la situación de emergencia, para que se dé la Licencia de Utilidad Publica, tendría que suceder algo parecido, valga la analogía, a las especulaciones que dan con el pescado en vigilia. Ante la alerta y el inminente incremento de la demanda del producto, el Gobierno declararía la situación de emergencia y pondría en marcha la búsqueda de los artículos necesarios que puedan aliviar la problemática. Sin embargo, éstos pueden estar protegidos por patentes. Si un laboratorio, sabiendo que sus productos son necesarios, (y en abuso de su derecho), sube los precios o en general especula en el precio de venta, el gobierno tiene la obligación de declarar la Licencia de Utilidad Pública para que otros laboratorios lo produzcan. Aliviada la situación terminaría la licencia de Utilidad, restituyéndose el derecho exclusivo de patente a su titular.
Pero, existe otro problema, ante la opinión pública han quedado como enemigos de las personas de menores recursos.
Creo que nadie está en contra de que exista la posibilidad de abaratar los medicamentos. En lo que no estoy de acuerdo es en que se sacrifique al sistema de patentes. Al hacerlo, lo único que causaríamos sería inhibir el incentivo que se dan en las compañías –tanto extranjeras como mexicanas- para investigar y desarrollar nuevos y mejores productos. Las patentes no son las culpables de que las medicinas no sean baratas, lo que las encarece es la gran inversión en investigación y desarrollo de las mismas. Se calcula que antes de que una medicina salga al mercado ya se gastó en ella más de ochocientos millones de dólares.
¿Qué consecuencias puede traer la aprobación de la producción de medicinas sin importar las patentes?
Mexico no puede darse el lujo de exponer al sistema de patentes a los abismos populistas, no puede tolerar más impunidad y corrupción donde cualquier grupo político o económico, cuando se le venga en gana, presione sólo para ganar dinero. Si los gobernantes de este país aprueban esta medida estarían mandando una terrible señal al mundo. Imaginen por un momento las terribles presiones que sufriremos por parte de los países afectados y que nos surten dada su gran industria farmacéutica.
Si esta medida es tan perjudicial ¿por qué pasó de la Cámara de Diputados?
La respuesta es simple. Había un gran compromiso político. A la entonces presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología la sometieron a muchas presiones. Trataron de resolverlo con un juego de palabras muy extraño: sólo se pueden dar Licencias de Utilidad Pública para enfermedades graves cuando éstas asemejen a los casos de seguridad nacional. Afortunadamente, hubo Diputados que meditaron el tema e hicieron ciertos cambios a la propuesta inicial de introducir el concepto de enfermedades graves, gracias a ellos no caímos en un gran error.
¿Cuál es el estatus de la iniciativa?
El texto que aprobó la Cámara de Diputados fue sometido a la revisión de la Cámara de Senadores. La Comisión de Ciencia y Tecnología de dicha Cámara dictaminó respetando la integridad del texto proveniente de los Diputados.
Así fue presentado al pleno, donde se detuvo en segunda lectura. La razón formal fue la presión del PVE a fin de modificar la iniciativa, de modo que, las enfermedades graves quedarán como un rubro independiente de las causas de emergencia o seguridad nacional. Pero en ese momento surgió la duda sobre si la propuesta del PVE pudiese contradecir tratados como el TLCAN o el ADPIC. En tal sentido, se hizo el planteamiento a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Cámara, la cual se pronunció y determinó que sí se viola.
Disipada la duda, la iniciativa fue reenviada a la mesa directiva para su segunda lectura y posterior votación. Esto ocurrió el pasado martes 7 de octubre. Se aprobó sin la propuesta del PVE.
Por supuesto, todo ello se ha dado dentro de un pintoresco (pero a la vez lamentable) ambiente de cabildeo, rodeado de exóticas marchas, bellas edecanes, botargas y disfraces y en el que se exhiben enfermos de Sida y Cáncer con el propósito de “crear conciencia”.
¿Significa que la reforma al artículo 77 pasará con los cambios aprobados por Diputados?
Sí, el nuevo artículo 77 constituye una plasta jurídica producto de un manoseo increíble. No obstante, pudo salvarse el punto que empujó el PVE, sobre el que se enfocó toda la atención. Así en la declaratoria de enfermedades graves de atención prioritaria intervendrá el Consejo de Salubridad General y en el procedimiento de declarativa de Licencia de Utilidad Pública. Además participarán el IMPI y la Secretaría de Salud. Nadie sabe quien declarará la situación de emergencia o seguridad nacional en casos distintos a las enfermedades graves. La mecánica de concesión de licencias es muy confusa y resulta difícil encontrar un argumento lógico que justifique la reforma.
No tenemos cultura del respeto a la propiedad intelectual. Un ejemplo e esto es la invasión de la piratería ¿qué piensa sobre ese flagelo?
A nuestro país no le queda claro qué es la propiedad intelectual; es un fenómeno sociológico de ilegalidad. Es del común pensamiento que la propiedad intelectual es un bien secundario, que existe pero que no es necesario respetar. Es un problema que el gobierno ha dejado crecer pues no toma una acción frontal, es tímido y tolerante bajo la premisa que dentro de los ilícitos que se cometen en el territorio nacional, la piratería es el menos grave. La piratería se parece al contrabando, al comercio ilegal, a la evasión, se tolera siempre y cuando esto permita tener a la población ocupada y tranquila.
¿Qué se necesita para acabar con ella?
Se debe mejorar el nivel económico del país y de sus ciudadanos. La educación también es importante. Desde el punto de vista legal se necesita perfeccionar la ley, pero más importante resulta la necesidad de una mayor efectividad en su aplicación, para lo cual se requiere de conocimiento jurídico y técnico, voluntad política y mucha honradez.